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CAPÍTULO I FIRMAS Y DOCUMENTOS DIGITALES

ARTÍCULO 87.- (VALIDEZ JURÍDICA). I. Se reconoce el valor jurídico y
probatorio de todos los actos jurídicos realizados por personas naturales y jurídicas, a través de documentos y firmas digitales por medios electrónicos u otros de mayor avance tecnológico, realizados en el Estado Plurinacional de Bolivia.

II. Se exceptúa del valor jurídico y probatorio a los siguientes actos jurídicos:
a) Las disposiciones por causa de muerte.
b) Los actos propios del derecho de familia.
c) A los actos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes.
d) Los actos que deban ser efectuados bajo exigencias o formalidades que no sean compatibles con la utilización de la firma digital, como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes.

ARTÍCULO 88.- (PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). I. Para la elaboración, transferencia o utilización de datos, obtenidos directa o indirectamente del uso o transmisión de documentos digitales y/o mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular, quien podrá seleccionar la información a ser compartida con terceros.

II. La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de
privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución
Política del Estado y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o
transferidos, únicamente con autorización del titular u orden de autoridad
competente.

III. Las definiciones, principios y procedimientos relativos al tratamiento
de los datos personales, se desarrollaran en una norma específica.

ARTÍCULO 89.- (CERTIFICADO DIGITAL). I. El certificado digital es el documento electrónico firmado con firma digital emitida por una entidad certificadora autorizada, que vincula los datos de verificación de firma al titular de dicho certificado y confirma la identidad de éste. El certificado digital es válido únicamente dentro del período de vigencia, indicado en el certificado digital.

II. Los certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros podrán ser reconocidos en los mismos términos y condiciones exigidos en la presente ley y sus reglamentos, este reconocimiento deberá ser realizado por una entidad certificadora autorizada y convalidada por la ATT.

ARTÍCULO 90.- (AUTORIDAD Y ATRIBUCIONES). I. La ATT es el órgano administrativo encargado de otorgar las autorizaciones a las entidades de Certificación y de supervisar sus actividades. Son Entidades de Certificación, aquellas que son debidamente autorizadas por la ATT, emiten certificados digitales y pueden prestar otros servicios relacionados con la firma digital, dichas autorizaciones son intransferibles.


II. Las atribuciones de la ATT, además de las establecidas en la presente Ley, son:
a) Controlar el cumplimiento del procedimiento técnico de la definición de la firma digital.
b) Otorgar las autorizaciones a las entidades certificadoras, en las condiciones que fije la reglamentación.
c) Denegar las solicitudes de autorizaciones a las entidades que no cumplan con los requisitos establecidos.
d) Revocar las autorizaciones otorgadas a entidades certificadoras, que dejan de cumplir con los requisitos establecidos..
e) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en lo referente a la actividad de las entidades certificadoras autorizadas;
í) Verificar que las entidades certificadoras autorizadas utilicen sistemas técnicamente confiables;
g} Requerir información a las entidades certificadoras autorizadas;
h) Implementar el sistema de auditoría a las entidades de certificación, las cuales deberán evaluar la confiabilidad, la calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.

ARTÍCULO 91.- (ENTIDAD CERTIFICADORA AUTORIZADA). Se entiende por entidad certificadora autorizada a toda persona natural o jurídica del ámbito público o privado que expide certificados y presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una autorización para ello.

ARTÍCULO 92.- (AUTORIZACIÓN). Para obtener la autorización para el ejercicio de su actividad, la entidad certificadora deberá cumplir con los requisitos establecidos en erreglamento y tramitar la solicitud respectiva ante la ATT. Estas autorizaciones son intransferibles y su vigencia será determinada mediante reglamento.

ARTÍCULO 93.- (REGLAMENTACIÓN). I. Los requisitos, funciones, procedimientos, convenio de partes, obligaciones, cese de la entidad certificadora autorizada, responsabilidad de las entidades certificadoras autorizadas ante terceros, sanciones, resolución de controversias y otros relativos a la entidad certificadora autorizada, firmas y documentos digitales, se desarrollarán en reglamento específico.

II. La forma como se garantizará la publicidad, seguridad, integridad y eficacia en el uso de las firmas electrónicas, y las demás necesarias para la aplicación de las normas de este capítulo, se desarrollarán en la


reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 94.* (AUDITORÍA). I. Las entidades certificadoras autorizadas, deben ser auditadas periódicamente, de acuerdo al sistema de auditoría que diseñe y apruebe la ATT.

II, La ATT podrá implementar el sistema de auditoría por sí o por terceros habilitados a tal efecto. Las auditorías deben como mínimo evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, como así también el cumplimiento con las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y de contingencia aprobados por la ATT.

CAPÍTULO II COMERCIO ELECTRÓNICO

ARTÍCULO 95.- (LA OFERTA ELECTRÓNICA DE BIENES Y SERVICIOS).
I. La oferta de bienes, servicios e informaciones por medios digitales, que
cumplan con las condiciones generales y específicas que la ley impone,
debe ser realizada en un ambiente técnicamente confiable, debidamente
certificado.

II. La oferta de bienes, servicios e informaciones realizadas por medios
digitales deberán ser identificadas como tales y contener, como mínimo los
datos del iniciador, información sobre la forma de contratación, sobre las
características de los bienes y/o servicios ofrecidos e información sobre
precios y costos, los mismos que serán detallados en el reglamento
específico de comercio electrónico.

ARTÍCULO 96.- (FORMACIÓN Y VALIDEZ DE LOS CONTRATOS). En la
formación de los contratos, salvo en los casos en que exista una disposición legal en contrario o acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas mediante un documento digital. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado para su formación uno o más documentos digitales.

ARTÍCULO 97,- (FUERZA PROBATORIA). Los documentos digitales firmados digitalmente conforme lo dispuesto para la firma digital, gozarán de plena fuerza probatoria y de las presunciones señaladas a continuación, salvo prueba en contrario:


a) Que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital correspondiente.
b) Que el documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma electrónica certificada, si el resultado del procedimiento de verificación así lo indica.

ARTÍCULO 98.- (VALORACIÓN). I. Los documentos digitales carentes de firma digital, serán admisibles como medios de prueba. Para la valoración de la fuerza probatoria de estos documentos se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas.

II. Merecen especial consideración los siguientes aspectos: la confiabilidad de la forma en que se haya generado, archivado y comunicado el documento digital, la forma en que se haya conservado la integridad de la información, y la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.

ARTÍCULO 99.- (CONFIDENCIALIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO). Se prohibe cualquier forma de interceptación o vigilancia de las comunicaciones relacionadas con el comercio electrónico, que no sea su remitente o su destinatario, salvo que esté legal y/o judicialmente autorizado.

ARTÍCULO 100.- (COMUNICACIONES DIGITALES). I. Son la
representación digital de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes, generada-, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Estos medios podrían ser, entre otros, el EDI, el correo electrónico, y otros.

II. Los efectos relacionados con el envío o recepción de los documentos digitales y las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de los documentos digitales o de su acuse de recibo se regirán conforme a las normas aplicables al acto o negocio jurídico contenido en dicho documento digital.

ARTÍCULO 101.- (LUGAR DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DIGITAL). Las comunicaciones digitales se tendrán por expedidas en el lugar donde el que inicia o genera un documento digital tenga su establecimiento y por recibidas en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Si el que inicia o genera un documento digital o el destinatario
tienen más de un establecimiento, se considerará tal, al que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, el domicilio de su establecimiento principal y si éstos no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual.

ARTÍCULO 102.- (PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR.). Las normas generales y especiales de defensa del consumidor, son de aplicación plena a los actos jurídicos celebrados por medio de documentos digitales. Ante el incumplimiento de las obligaciones legales del oferente de bienes y servicios a consumidores a través de medios electrónicos, se aplicarán los procedimientos y sanciones que se prevean en materia de protección al consumidor y los establecidos en reglamento.

ARTÍCULO 103.- (JURISDICCIÓN). I. En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas previstas en la legislación boliviana.

II. Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en esta ley y demás normas legales aplicables.

ARTÍCULO 104.- (PRIVACIDAD). I. Los oferentes de bienes y servicios y los prestadores de servicios intermediarios podrán requerir de sus clientes información pertinente a los fines comerciales específicos en cada caso. La información sobre datos personales de los usuarios o consumidores será información confidencial e íntegra.

II. Esta información sólo podrá ser cedida a un tercero, en forma parcial o total, o utilizada para fines diferentes de aquellos para los cuales fue requerida, con previa y expresa autorización del usuario. Este consentimiento no estará vinculado a la realización de la transacción.

ARTÍCULO 105.- (CORREO ELECTRÓNICO). I. Se entiende por correo electrónico toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras.

II. A los efectos legales, el correo electrónico se equipara a la correspondencia postal. La protección del correo electrónico abarca su creación, transmisión y almacenamiento.

ARTÍCULO 106.- (CORREO PROVISTO POR EL EMPLEADOR).
a) Cuando el correo electrónico sea provisto por el empleador al dependiente, en función de una relación laboral, se entenderá que la titularidad del mismo corresponde al empleador, independientemente del nombre y clave de acceso que sean necesarias para su uso.
b) El empleador se encuentra facultado para acceder y controlar toda la información que circule por dicho correo electrónico laboral, como asimismo a prohibir su uso para fines personales.
c) El ejercicio de estas facultades por parte del empleador, así como las condiciones de uso y acceso al correo electrónico laboral, deberá notificar al dependiente, al momento de poner a su disposición el correo electrónico o en cualquier oportunidad posterior, como requisito previo a su ejercicio.
d) El empleador deberá asimismo, notificar al dependiente su política respecto del acceso y uso de correo electrónico personal en el lugar de trabajo.

ARTÍCULO 107.- (COMUNICACIONES COMERCIALES PUBLICITARIAS POR CORREO ELECTRÓNICO - SPAM). Mediante reglamento se establecerán las condiciones de las comunicaciones comerciales publicitarias realizadas por medio de correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación, en los casos que corresponda, de la normativa vigente en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor.

ARTÍCULO 108,- (REGLAMENTACIÓN). Los diferendos, controversias, promoción, difusión del comercio electrónico, así como el consentimiento del uso de medios electrónicos, la responsabilidad de los prestadores de servicios, la protección e información al consumidor, los derechos de los destinatarios de los mensajes de datos comerciales y el consentimiento para aceptar mensajes de datos, publicidad, operación de comercio electrónico a través de un sitio de Internet y otros aspectos inherentes al tratamiento del comercio electrónico y correo electrónico, se desarrollarán en reglamento específico.

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